El fallo judicial que cierra la controversia por mujer embarazada en muerte cerebral

BBC Mundo
Un juez de Fort Worth (Texas, Estados Unidos) puso fin a una batalla legal que volvió a colocar sobre el tapete la controversia sobre la muerte cerebral y el mantenimiento de las constantes vitales de una persona mediante una máquina.
Si hace un mes la discusión se centraba en el caso de la joven Jahi McMath, quien tras una operación de amigdalitis sufrió un colapso, fue declarada en muerte cerebral y su familia se opuso a que el hospital la desconectara de los aparatos que la mantenían con vida, la historia de Marlise Muñoz –mujer de 33 años, embarazada- es la contraria.
Declarada en muerte cerebral desde el pasado noviembre, los médicos del hospital John Peter Smith se negaron a desconectar a Marlise del respirador artificial que mantiene a sus órganos en funcionamiento, desoyendo la voluntad expresada por la mujer antes de sufrir un fatal incidente, por considerar que la legislación del estado de Texas prohíbe la negación de tratamiento vital para las pacientes embarazadas.
Ahora, el juez RH Wallace ordenó al hospital que desconecte a Marlise el lunes a las 17:00 hora local (23:00 GMT).
Wallace basó su fallo en que la mujer está muerta y el feto no es viable. Con esta decisión, el juez le dio la razón a la familia y se opuso a la directiva del hospital de Fort Worth.

“Legalmente muerta”
Marlise, de 33 años, cayó inconsciente el 26 de noviembre, aparentemente a causa de una embolia pulmonar. Su esposo, Erick, la encontró sin sentido sobre el piso de la cocina. La pareja esperaba su segundo hijo: Marlise estaba embarazada de 14 semanas.
La mujer fue declarada en muerte cerebral, pero el hospital la mantuvo conectada a un respirador artificial desde entonces.
Erick, actuando también en nombre de los padres de Marlise, presentó una demanda contra el hospital el 14 de enero alegando que el soporte vital iba en contra de los deseos expresados por su esposa, que era profesional de la sanidad.
El hospital, por su parte, se remitió a una ley aprobada por el Congreso de Texas en 1989 y modificada en 1999, que establece que “nadie puede acabar con un tratamiento para mantener la vida artificialmente de una paciente embarazada”.
En su argumentación, los dos abogados de la familia justificaron que el hospital "interpreta erróneamente" la ley tejana: si la paciente está muerta, ni puede estar embarazada ni se le pueden aplicar medidas para sustentar la vida, ya que no dispone de ella.
El hecho de que Muñoz ya había sido declarada muerta y las pruebas de que el feto sufrió graves consecuencias fueron dos elementos cruciales para la decisión del juez.
"Respeto los argumentos del hospital tratando de seguir la ley, pero sus secciones no son aplicables para alguien que esté muerto", declaró Wallace en la audiencia.

Muerte cerebral y no estado de coma
Durante el litigio, los juristas que respaldan la postura de la familia explicaron que la ley texana -como la de otros 20 estados del país- se refiere a mujeres embarazadas en estado vegetativo o de coma, no en muerte cerebral.
El otro elemento decisivo fue el estado del feto, que ha seguido desarrollándose hasta ahora, alcanzando las 22 semanas de gestación, pero que no era "viable", un punto que los abogados de la familia defendieron en un comunicado esta semana.
"Las extremidades inferiores se deforman de manera que el género del feto no puede determinarse", argumentaron en el escrito.
Tras el fallo del juez, el hospital declaró que su intención era simplemente obedecer la ley y que el caso era sumamente complejo, sin precedentes.

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